La revictimización del Estado. Barrio Simón Bolívar-Planadas

martes, 4 de agosto de 2015



En el mes de junio una noticia rodó pálidamente por algunos medios escritos de nuestro país, el titular: “Embargan 22 casas de propiedad de las Farc en Planadas, Tolima”, según la información presentada, la operación fue realizada en el barrio Simón Bolívar ubicado en el municipio de Planadas, Tolima. “Se trata de 22 casas que tienen un costo aproximado de entre 80 y 90 millones cada una”, aseguró el vicefiscal Perdomo.

Según la Fiscalía el terreno donde está construido el barrio Simón Bolívar fue tomado por integrantes de las Farc en el año 2000, posteriormente dividieron el terreno en lotes y se lo entregaron a colaboradores y simpatizantes de esa organización armada. En el 2005 se legalizan los predios y con ayuda de la Alcaldía de Planadas se construye la urbanización. 


Pero, otra es la versión de los habitantes del municipio y del mismo Alcalde de Planadas, David Lozada. Según él, “en el año 2001 al iniciar su primer período como mandatario de la localidad encontró que el lote donde posteriormente se construyó el barrio Simón Bolívar, había sido invadido y luego de varios intentos fallidos de desalojar a dichas personas, se llegó a un acuerdo en el que el municipio entregó el predio que era de su propiedad, garantizando la prestación de los servicios públicos y la fundación Carcafé se encargó de adelantar la construcción del proyecto de vivienda”. 


Según el Alcalde, algunas de las casas fueron adjudicadas a las personas que habían invadido el predio y el resto de los predios fueron entregados a las familias más pobres de la localidad. Lo que lleva a contrastar la información presentada por la Fiscalía. Es decir, los beneficiarios del proyecto son hombres y mujeres en estado de vulneración, víctimas de un conflicto social y armado. 


Hoy, años después de tener por fin un techo al que llamar propio, el Estado les quita ese derecho y los regresa a su situación de vulneración, a 22 de estas familias les han quitado la propiedad de sus casas y deberán pagarle al Estado un arriendo, mientras la Justicia encuentra a otras víctimas del conflicto a quienes entregarles las casas. Es decir, ¿el Estado victimiza a familias campesinas para reparar a familias campesinas? 


Aunque la problemática no para ahí, pues el derecho a un hogar digno no fue el único vulnerado, también se les acusa de ser colaboradores de las Farc, estigmatizando y persiguiendo a estas familias, de las cuales muchas son miembros de ASTRACATOL, lo que nos lleva a pensar que es un nuevo intento de deslegitimar los procesos organizativos de los campesinos y campesinas del Tolima.

 

ASTRACATOL

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